Foto: Europa Press (izq.), Nuevo Rumbo (dcha.)

Ayer, 14 de octubre, alrededor de las 9:00 de la mañana, un pasacampus pacífico y un piquete informativo en el campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, fueron interrumpidos por una brutal agresión policial que acabó con varias compañeras hospitalizadas y detenidas. Una vez más, defender la educación pública ha tenido como respuesta la violencia policial.

La movilización tenía un único objetivo legítimo y necesario: informar al estudiantado y a las trabajadoras de la universidad sobre la huelga convocada para ese día. Esta iniciativa se enmarcaba en una jornada de lucha más amplia, apoyando a las trabajadoras de primaria y secundaria, quienes iniciaban su huelga indefinida.

Ambas convocatorias de huelga, en universidades y en colegios e institutos, responden a una misma realidad: el desmantelamiento de la educación pública en todas sus etapas. Denunciamos la infrafinanciación crónica, el avance desmedido de la privatización y la venta de nuestras instituciones a los grandes intereses del capital. Frente a este deterioro, quienes nos organizamos para defender una educación pública, gratuita y accesible para todas, nos encontramos con una creciente criminalización de la protesta. Cuando exigimos nuestros derechos, la respuesta del poder es endurecer la represión y tratar de silenciarnos.

A esta violencia policial se le suman la manipulación mediática y mentiras constantes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Las declaraciones de la consejera, Mercedes Zarzalejo, acusándonos de quemar las calles, pretenden deslegitimar y criminalizar la movilización por la educación pública. Las estudiantes y trabajadoras ejercieron pacíficamente su derecho a la manifestación con pancartas y megáfonos como únicas herramientas de organización. La violencia en Ciudad Universitaria no vino de quienes se movilizaban, sino de un despliegue de antidisturbios que aporreó brutalmente a las manifestantes desarmadas.

Desde la plataforma interuniversitaria por la pública, denunciamos firmemente este abuso de poder ejercido por parte de los cuerpos de seguridad del estado y exigimos responsabilidades por las agresiones físicas y psicológicas cometidas. No es admisible que quienes defienden una educación pública, gratuita y de calidad para la clase trabajadora reciban golpes por ejercer sus derechos fundamentales. No podemos permitir que la respuesta ante la organización sea la intimidación, la violencia y la detención.

No nos engañemos, esta agresión no puede entenderse como un hecho aislado. Es el reflejo de una política represiva consciente, diseñada para intimidar al movimiento estudiantil, silenciar nuestras reivindicaciones y desarticular nuestra organización. Pretenden que aceptemos un sistema que nos asfixia y que antepone los beneficios de una minoría privilegiada a los de la mayoría social.

Pero no vamos a dejar de luchar, no vamos a dar ni un paso atrás. Ni los golpes, ni la manipulación mediática ni las amenazas van a frenar la lucha. Frente a su violencia, respondemos con organización y solidaridad. La lucha de la educación pública no se detiene.

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