Manifiesto

Los problemas crónicos de financiación de las universidades públicas en nuestro país no han parado de agravarse desde la crisis de 2007-2008. La LOSU (Ley Orgánica 2/2023) en su preámbulo se comprometía a revertir este escenario crítico, estableciendo en el artículo 55.2 el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB a la educación pública universitaria.

“… la insuficiente financiación pública, el aumento de las tasas universitarias, las disfunciones en la configuración de su profesorado debido a las bajas tasas de reposición, la precarización de parte del profesorado asociado, interino, sustituto o visitante y el envejecimiento de las plantillas universitarias, así como la profundización de las desigualdades sociales, han puesto en riesgo la sostenibilidad y la calidad del sistema.” (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.)

Este problema de infrafinanciación es especialmente grave en las universidades públicas madrileñas, que se ven afectadas por las segundas tasas más caras de España, que sumado al envejecimiento de las plantillas docentes, y la tendencia creciente de privatización del sistema universitario, no pintan un futuro mejor. Lejos de empezar a solucionar el problema, y del objetivo fijado por la LOSU, el presupuesto para financiación de las universidades de 2025 de la Comunidad de Madrid no llega al 0,4%, consolidando a Madrid como la comunidad autónoma con menos financiación por estudiante de todo el país. Según los datos recogidos por la Fundación CYD, a partir de información del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las transferencias corrientes y de capital de la Comunidad correspondientes al curso 2022-2023 fueron de 5.363 € por estudiante, lejísimos de la financiación por estudiante por ejemplo en el País Vasco, que ascendía a 9.065€ por estudiante.

En estos últimos meses, la Comunidad de Madrid trabaja sobre la elaboración de una Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia. Lamentablemente, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido a las universidades completamente al margen de la preparación de esta Ley. Además, algunas de las filtraciones sobre el contenido de la Ley muestran que no solamente la Ley no resuelve el problema de infrafinanciación de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, sino que podría limitarse la autonomía universitaria y amenazaría la libertad de expresión de los miembros de la comunidad universitaria.

Ante esta situación estudiantes y personal de la Universidad Politécnica de Madrid nos hemos organizado en torno a la Plataforma UPM por la Universidad Pública. Y en coordinación con las plataformas del resto de universidades públicas de la Comunidad de Madrid, reclamamos la defensa del sistema universitario público como institución clave tanto en el desarrollo científico, cultural, económico, y tecnológico de la sociedad, así como en el avance de la justicia social, favoreciendo la inclusión e igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Desde la Plataforma UPM por la Universidad Pública nos dirigimos:

• A la Comunidad de Madrid, a la que exigimos un proceso abierto, transparente y participativo, que atienda a las reclamaciones de la comunidad universitaria y educativa para la elaboración de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia.

• Al Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, para que como principal responsable de nuestra Universidad, exija al Gobierno de la Comunidad de Madrid el cumplimiento de sus obligaciones en términos de financiación. Y, en caso de que éste no ofrezca una financiación plurianual conforme a la Ley Orgánica del Sistema Universitario, recurra a la vía judicial para reclamarla. Además, le pedimos unidad de acción con el conjunto de las universidades públicas madrileñas, y que vele por el respeto de las libertades y derechos de asociación y reivindicación de la comunidad universitaria.

• A los y las estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, para que denuncie la discriminación que vivimos en relación con el resto de las comunidades autónomas, soportando el gasto público por estudiante más bajo, y las segundas tasas universitarias más caras del Estado (solamente por detrás de Cataluña). Defendamos un aumento en las becas para asegurar una universidad pública, de calidad y universal. Reclamemos garantías para el ejercicio de las libertades, y nuestro derecho a aulas e instalaciones dignas, con calefacción, sin goteras, sin zonas cerradas, sin recortes en las prácticas y con los materiales esenciales. Unas mejores condiciones de infraestructura y de personal revierten directamente en la calidad de enseñanza.

• Al personal de la Universidad Politécnica de Madrid, para que se respalden las reclamaciones de las figuras más precarias, como el personal investigador en formación, y las figuras no estabilizadas. Que denuncien el grave deterioro de la plantilla que sufre nuestra universidad, las deficientes condiciones en que en muchas ocasiones deben desarrollar su trabajo, perjudicando el servicio que la universidad presta a sus estudiantes. La Universidad Politécnica de Madrid y el resto de universidades públicas madrileñas necesitan mejores condiciones y más oferta de plazas de personal.

• A la sociedad civil, para que respalde nuestras movilizaciones en defensa de las universidades públicas, que representan por sus aportaciones el avance de nuestra sociedad, y por el derecho a la educación de toda la ciudadanía, como base para una sociedad igualitaria y libre.

Está en juego la Universidad Pública de Madrid de las próximas décadas.